Los Efectos Sobre La Seguridad Nacional Y La Gobernabilidad Democrática Por Parte De Las Organizaciones Criminales Internacionales

 

Los profundos efectos sociales, políticos y económicos que ha generado la industria criminal del narcotráfico en Colombia; ha ayudado acelerar y agravar el proceso de descomposición social y a la vez ha sido el principal motor del incremento de la violencia y criminalidad en el país.

Al referirnos al tema del narcotráfico y sus efectos en Colombia no podemos dejar de señalar  tanto su ubicación en el contexto actual de la globalización como también de las conexiones internacionales de los carteles de las drogas, con las poderosas organizaciones criminales internacionales. La red de vínculos forjada y fortalecida a través de estos años entre estos grupos criminales no solo constituye una amenaza permanente para la seguridad nacional sino también una amenaza para la estabilidad de la democracia de América Latina.

El cambio de percepción hacia la amenaza de las Organizaciones Criminales Internacionales sobre la gobernabilidad democrática (Bailey, John, and Roy Godson. Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática: México y la franja fronteriza.2000) se originó con la proliferación y la multiplicidad del crimen, y también, cuando se hizo patente los elevados costos que sobre la economía, la política y la sociedad en general, se generaba con las actividades ilícitas, las cuales afectaban seriamente las capacidades del Estado para gobernar libremente. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede señalar que las  organizaciones criminales tanto nacionales como internacionales buscan construir y fortalecer un poder paralelo; el cual tenga la capacidad de disputarle constantemente al estado soberano  el control de la sociedad, la política y la economía de la nación.

El desarrollo de las Organizaciones Criminales Internacionales en Colombia, se ha nutrido fundamentalmente del tráfico de drogas; permitiendo la emergencia de importantes polos de desarrollo ilegales en las décadas de los 80’s y 90’s (Elizondo. Silvana. Se multiplican en América latina las áreas fuera de control estatal.2004) que escapaban al control estatal y en los cuales imperaba la ley del grupo dominante. Hoy en día estos polos o áreas fuera de control se niegan a desaparecer a pesar de la posición firme y fuerte, que el estado colombiano tiene frente al fenómeno del crimen organizado.

En cuestión de unos pocos años, la Delincuencia Organizada Internacional a pasado a ser considerada como un problema de ciertos países o regiones a ser “una variable fundamental en la definición de cualquier amenaza a la Seguridad Nacional en general y a la gobernabilidad democrática en particular.” (Godson, Robert, International Organized Crime 1995). El primer impacto de las Organizaciones Criminales Internacionales (OCI) se encuentra básicamente con el concepto de soberanía del Estado, especialmente en el control de las fronteras nacionales.

 El riesgo que corre el Estado Colombiano y en general América latina se ampara concretamente en que las  OCI desarrollan rutas paralelas para la violación de las fronteras nacionales con el objetivo de asegurar un control permanente en ciertas áreas geográficamente estratégicas para la circulación de mercancías. Se supone que la capacidad de decisión sobre que bienes y personas se pueden movilizar y traspasar nuestras fronteras nacionales, es una condición necesaria para garantizar la soberanía y la gobernabilidad de la nación; la actuación constante y de gran alcance por parte de estas organizaciones de traspasar las fronteras impunemente presume para Colombia un gran desafío para la capacidad de los organismos de control  por mantener la soberanía del país.

Otra amenaza que puede afectar a la autoridad, es la capacidad de influir por parte de las organizaciones criminales internacionales  en la cultura política del país. La Delincuencia Organizada Internacional le interesa moldear a las instituciones políticas para su propia seguridad y conservación. Las organizaciones criminales cuentan para este fin los siguientes medios: La corrupción de los miembros de las instituciones políticas, la vulneración de la voluntad popular expresada en las elecciones democráticas; el uso de la violencia para coaccionar a todo aquel que se oponga a sus intereses y /ó  la manipulación de la opinión publica a través de los medios de comunicación entre otros. La Delincuencia Organizada Internacional busca influir en el entorno social y físico de las democracias, haciendo desfigurar la línea que separa el ámbito legal de lo ilegal; generando ciertas lealtades a la organización por parte de los ciudadanos y provocando cambios en la opinión publica que incurren negativamente al funcionamiento del Estado. Gracias a su poder económico, logran legitimasen socialmente, sustituyendo en cierta medida las funciones del Estado.  

La amenaza que suponen estas organizaciones para la seguridad nacional y la democracia en Colombia y en América Latina, no es un subproducto espontáneo de las tendencias a largo plazo. Por el contrario, esta amenaza es consecuencia irremediable de las actividades de organizaciones que corrompen a las instituciones estatales, que amenazan a la integridad de los sectores financiero y comercial de la sociedad, que violan las normas y convenciones jurídicas y sociales, y por último que profanan la soberanía nacional. Lo anterior es el resultado del cambio de contexto en el cual se desenvuelve actualmente estas organizaciones en pocas palabras: un mundo sin fronteras, en tanto que los servicios de control del estado se ven cuantiosamente limitados por tener que actuar en lo que para ellos sigue siendo un mundo con fronteras.

Las organizaciones criminales internacionales se han convertido en una amenaza para la seguridad y la democracia, pues han traspasado los principios del orden público interno. El desafío que representan es todavía más desalentador por el hecho de que forman parte de una compleja gama de organizaciones de diversas formas y tamaños, que se cruzan de múltiples maneras con la economía y la sociedad legítimas, y que se dedican a la corrupción, así como a la coacción y al enfrentamiento, según las exigencias y las oportunidades. Para hacer frente al desafío es necesario que el Estado colombiano asigne recursos inmensurables y mantenga una firme voluntad política colectiva, teniendo en cuenta que ningún Estado puede darse el lujo de reaccionar con indiferencia ante la delincuencia transnacional organizada. Si ello no sucede, las consecuencias a largo plazo para el ejercicio democrático del poder y el imperio de la ley serán funestas.

Olga Liliana Rojas, Nacionalidad Colombiana. Profesional en Finanzas y Comercio Exterior (Universidad Sergio Arboleda. Bogota). Especialista en Relaciones Internacionales y Negociacion (Universidad Los Andes). Investigadora y Docente Universitaria en temas relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.

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REALIZACION: Rafa Sañudo PRODUCCION: Paola Jiménez FOTOGRAFIA: Pablo Hernández POSTPRODUCCION: Charlee García Morel
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