España sigue pagando la factura del viraje neoconservador y el alineamiento incondicional con Estados Unidos que caracterizó a la política exterior española durante la presidencia de José María Aznar, rompiendo los consensos vigentes desde la transición.
La visita de los embajadores español y estadounidense para respaldar al autoproclamado, y efímero, presidente Pedro Carmona, con motivo del golpe de Estado en Venezuela de 2002, sirvió de pretexto al presidente Chávez para provocar un enfrentamiento con España en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, que, al igual que la poco oportuna respuesta del Rey Juan Carlos, es funcional a su estrategia mediática. El coste no es desdeñable: los titulares han estado ocupados por esa disputa, y poco o nada ha trascendido de los importantes resultados de la Cumbre, entre los que se incluye un Fondo de Agua Potable que contará con 1.000 millones de euros, el programa de becas de postgrado “Pablo Neruda”, una base avanzada de respuesta a desastres en Panamá, y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, un instrumento de gran relevancia ante el peso creciente de la inmigración latinoamericana hacia España. Aunque la estrategia de “contención de daños” que han desplegado ambos gobiernos en días posteriores a la Cumbre ha aplacado la polémica, lo ocurrido en Santiago también es un aviso para navegantes respecto a la celebración de los bicentenarios de la independencia de América Latina. Es muy probable que la actuación de España, pasada y presente, vuelva a ser el argumento fácil al que se recurrirá para obviar las responsabilidades de las elites criollas en los problemas actuales de la región.
En las relaciones con América Latina se plantea un doble desafío. Por una parte, recomponer las relaciones, dañadas durante el periodo Aznar, y por otra, adaptarlas a los importantes cambios que ha vivido la región en estos últimos años. Aunque la cooperación al desarrollo hacia esa región ha mejorado, en cantidad y calidad, América Latina no ha recibido la atención política que requiere. Ello se ha debido, sobre todo, a que el actual Gobierno se ha concentrado en una agenda doméstica muy compleja, dominada por la cuestión autonómica y la negociación con ETA.
En un reconocimiento implícito de este hecho, se decidió establecer una Secretaría de Estado para Iberoamérica cuando la legislatura ya estaba muy avanzada.
Además, a la hora de actuar a través de la Unión Europea, hay que hacer frente al menor interés que América Latina suscita en otros Estados miembros.
Pese a estos condicionantes, en la actual legislatura las relaciones con América Latina se han caracterizado por un “giro social” que la sitúan en mayor sintonía con las preocupaciones y las agendas políticas de Latinoamérica. A través de su actuación bilateral, en el seno de la Comunidad Iberoamericana y en la actuación de la UE, España ha impulsado la cohesión social. A través de este concepto, se trata de promover políticas eficaces de lucha contra la pobreza y, sobre todo, de afrontar la lacerante situación de desigualdad y las dinámicas de exclusión y discriminación que caracterizan a la región, en especial las derivadas de la etnia o las relaciones de género. La cohesión social es además, un elemento clave para promover la gobernanza democrática y hacer frente a la violencia y la criminalidad. De cara a unas sociedades que, tras doscientos años de independencia, siguen caracterizadas por una fuerte desigualdad, este puede ser un importante elemento distintivo de la política latinoamericana de España, tanto en el plano bilateral, como en la actuación de la UE.
José Antonio Sanahuja
Director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales
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